Actualmente, aún siguen vigentes algunos contratos de alquiler que se celebraron al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y antes del 9 de mayo de 1985, y a los que resulta de aplicación un régimen distinto al actual.
Estos contratos son conocidos por perdurar en el tiempo manteniendo casi inalterables las condiciones acordadas cuando se celebraron, entre ellas la renta. Sin embargo, la propia ley prevé que el importe de la renta se pueda ir actualizando cada año.
Cuando se produce la venta de un piso o local sujeto a un régimen de propiedad horizontal, existen obligaciones frente a la comunidad de propietarios cuya responsabilidad a veces plantea dudas, como es el caso del pago de las cuotas pendientes y otros gastos.
En este artículo vamos a aclarar quién es responsable del pago de los gastos frente a la comunidad, cómo se hace el reparto entre vendedor y comprador y qué aspectos conviene tener en cuenta al afrontar la compraventa.
Aunque la Ley de propiedad horizontal establece un marco legal básico para las comunidades de propietarios, existen numerosos aspectos prácticos que la ley no regula en detalle y que conviene recoger en los estatutos para adaptar el régimen jurídico a las características concretas del edificio o conjunto residencial.
A continuación, resolvemos las dudas acerca de la obligación de redactar unos estatutos para la comunidad de propietarios.
Las comunidades de propietarios cuentan con un margen de autorregulación para adaptar la convivencia y la gestión del inmueble a sus necesidades específicas, siempre dentro de los límites establecidos por la Ley sobre propiedad horizontal.
Como vamos a ver a continuación, los estatutos son el instrumento típico para ordenar esa autorregulación y aportar seguridad jurídica a propietarios y terceros.
Los motivos por los que un propietario puede impugnar un acuerdo aprobado por la comunidad de propietarios están tasados en la Ley de propiedad horizontal, que, no obstante, recoge una lista donde se limita a enunciar los tipos de acuerdos impugnables, sin entrar en detalles.
En este artículo vamos a ver qué causas contempla la ley y qué supuestos concretos pueden justificar la impugnación de un acuerdo de la junta.
Las actas de la comunidad reflejan los acuerdos alcanzados por la junta de propietarios, y pueden ser impugnadas cuando no se ha observado lo establecido en la ley o los estatutos, o bien cuando se lesionan gravemente los intereses de la comunidad o de alguno de los propietarios.
No obstante, no todos los propietarios están legitimados para impugnar un acuerdo de la junta, sino solo los que reúnan las condiciones requeridas por la Ley de propiedad horizontal.
Cuando la junta de la comunidad adopta un acuerdo, este obliga desde el momento de su aprobación a la totalidad de los propietarios, pero, también desde ese instante, podrá ser impugnado si alguno de los comuneros considera que el acuerdo no es conforme a la legalidad, se adoptó con abuso de derecho o lesiona grave e injustamente sus intereses o los de la comunidad.
No obstante, la impugnación de los acuerdos está sujeta a unos plazos de caducidad, transcurridos los cuales, se extingue la posibilidad de reclamar, como vamos a ver en este artículo.
Desde el 3 de abril de 2025, todo procedimiento de desahucio que pretenda iniciarse en sede judicial requiere haber intentado previamente una solución extrajudicial.
Este nuevo marco jurídico, introducido por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, tiene por objeto fomentar la eficiencia del sistema judicial y facilitar vías alternativas de resolución de conflictos entre los particulares.
La compra de una parte indivisa de un inmueble plantea múltiples cuestiones jurídicas que deben analizarse con detenimiento antes de formalizar la operación. Aunque esta modalidad de adquisición puede representar una oportunidad interesante desde el punto de vista económico, también conlleva riesgos y limitaciones legales que es fundamental tener en cuenta.
En este artículo vamos a analizar los principales aspectos legales que debe valorar el potencial comprador de una cuota de un inmueble en proindiviso.
En el ámbito inmobiliario es relativamente habitual ostentar un porcentaje de propiedad en proindiviso sobre un inmueble, en lugar de ser propietario de este en su totalidad. Esta participación en una mancomunidad tiene unas repercusiones que conviene conocer, sobre todo a la hora de enfrentarse a un proceso de venta.
En este artículo vamos a analizar las peculiaridades del proceso de venta cuando su objeto es un proindiviso: desde los derechos del resto de comuneros, pasando por la posibilidad de dividir el inmueble, hasta la tributación que afecta a la operación.
