Los motivos por los que un propietario puede impugnar un acuerdo aprobado por la comunidad de propietarios están tasados en la Ley de propiedad horizontal, que, no obstante, recoge una lista donde se limita a enunciar los tipos de acuerdos impugnables, sin entrar en detalles.
En este artículo vamos a ver qué causas contempla la ley y qué supuestos concretos pueden justificar la impugnación de un acuerdo de la junta.
Las actas de la comunidad reflejan los acuerdos alcanzados por la junta de propietarios, y pueden ser impugnadas cuando no se ha observado lo establecido en la ley o los estatutos, o bien cuando se lesionan gravemente los intereses de la comunidad o de alguno de los propietarios.
No obstante, no todos los propietarios están legitimados para impugnar un acuerdo de la junta, sino solo los que reúnan las condiciones requeridas por la Ley de propiedad horizontal.
Cuando la junta de la comunidad adopta un acuerdo, este obliga desde el momento de su aprobación a la totalidad de los propietarios, pero, también desde ese instante, podrá ser impugnado si alguno de los comuneros considera que el acuerdo no es conforme a la legalidad, se adoptó con abuso de derecho o lesiona grave e injustamente sus intereses o los de la comunidad.
No obstante, la impugnación de los acuerdos está sujeta a unos plazos de caducidad, transcurridos los cuales, se extingue la posibilidad de reclamar, como vamos a ver en este artículo.
Desde el 3 de abril de 2025, todo procedimiento de desahucio que pretenda iniciarse en sede judicial requiere haber intentado previamente una solución extrajudicial.
Este nuevo marco jurídico, introducido por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, tiene por objeto fomentar la eficiencia del sistema judicial y facilitar vías alternativas de resolución de conflictos entre los particulares.
La compra de una parte indivisa de un inmueble plantea múltiples cuestiones jurídicas que deben analizarse con detenimiento antes de formalizar la operación. Aunque esta modalidad de adquisición puede representar una oportunidad interesante desde el punto de vista económico, también conlleva riesgos y limitaciones legales que es fundamental tener en cuenta.
En este artículo vamos a analizar los principales aspectos legales que debe valorar el potencial comprador de una cuota de un inmueble en proindiviso.
En el ámbito inmobiliario es relativamente habitual ostentar un porcentaje de propiedad en proindiviso sobre un inmueble, en lugar de ser propietario de este en su totalidad. Esta participación en una mancomunidad tiene unas repercusiones que conviene conocer, sobre todo a la hora de enfrentarse a un proceso de venta.
En este artículo vamos a analizar las peculiaridades del proceso de venta cuando su objeto es un proindiviso: desde los derechos del resto de comuneros, pasando por la posibilidad de dividir el inmueble, hasta la tributación que afecta a la operación.
Cuando se firma un contrato de arras en el marco de una compraventa inmobiliaria, es frecuente que el comprador esté pendiente de obtener financiación bancaria. Pero ¿qué sucede si el banco deniega la hipoteca? ¿Se pierde el dinero entregado en arras o cabe la posibilidad de recuperarlo?
La respuesta dependerá tanto del contenido del contrato como de la legislación aplicable.
Las únicas personas que están legitimadas para ser parte en un contrato de arras y, por tanto, para estampar en él una firma válida, son el vendedor y el comprador, es decir, el legítimo propietario de la vivienda y la persona interesada en adquirirla y con capacidad legal para hacerlo.
Sin embargo, la ley permite que cualquiera de los dos pueda actuar por medio de un representante, quien podrá firmar válidamente el contrato siempre que se cumplan los requisitos legales.
Aunque una inmobiliaria intervenga en el proceso de compraventa de una vivienda u otro tipo de inmueble, las partes en el contrato siguen siendo el comprador y el vendedor de la vivienda, y las obligaciones y derechos que se derivan del contrato de compraventa sólo les afectan a ellos.
Por ello, en principio, si media la entrega de arras como anticipo o aseguramiento del compromiso de las partes, esa cantidad pertenece al vendedor, aunque la inmobiliaria pueda actuar como depositaria, con las consecuencias que vamos a ver a continuación.
Desde el 3 de abril de 2025, la ley obliga a intentar una solución extrajudicial para la mayoría de asuntos civiles y mercantiles antes de acudir a la vía judicial, y lo hace a través de los medios adecuados de solución de controversias o MASC.
A continuación, vamos a ver en qué consisten exactamente y qué incidencia tiene este nuevo requisito en los procedimientos inmobiliarios.
