Cuando un inquilino no paga la renta o las cantidades asimiladas a la renta, el propietario o arrendador de la vivienda o local puede desahuciarlo desde el mismo momento en que se incumpla la obligación de pago. Es decir, desde el primer mes que no pague.
Sin embargo, para evitar pérdidas de tiempo y otros inconvenientes, hay algunos trámites previos que conviene tener en cuenta.
Hay ocasiones en las que los bienes inmuebles presentan defectos que pueden afectar a su funcionalidad, seguridad o habitabilidad, requisitos que debe cumplir toda edificación, y que pueden afectar a la totalidad de la misma o solo a una parte. En estos casos hablamos de los vicios ruinógenos, y en este artículo explicaremos cómo se pueden reclamar.
La Ley de Arrendamientos Urbanos permite que la renta del alquiler sea actualizada, siempre que se respete lo que esta norma establece al respecto. Para más información, a continuación vamos a explicar de qué forma se actualiza la renta del alquiler.
Comprar una vivienda es siempre una operación económica de gran envergadura, pero no solo por el precio del inmueble en sí, sino por los costes e impuestos que conlleva. En este artículo explicamos todo lo que se debe pagar a la hora de adquirir una propiedad inmobiliaria.
El desahucio es el acto por el cual el propietario o poseedor con título legítimo de un inmueble desaloja a un inquilino o arrendatario por las causas expresadas en la ley o acordadas en el contrato. También se puede emprender la acción de desahucio contra el ocupante de un inmueble en otros casos diferentes al arrendamiento.
El desahucio pretende devolver la posesión del inmueble a su legítimo dueño, y se articula por medio de un proceso judicial llamado juicio de desahucio, que se desarrolla por los cauces del juicio verbal civil.
A continuación, vamos a explicar qué es un desahucio de vivienda y qué más clases de desahucio existen en España.
Hoy día no es raro que se ofrezca en venta una vivienda gravada con un usufructo vitalicio, es decir, en la que el uso y disfrute de la vivienda pertenece a otra persona mientras viva.
Las ventajas son que el precio es más asequible debido a las limitaciones que recaen sobre la propiedad. La desventaja obvia es que el nudo propietario no puede usar y disfrutar de la vivienda hasta que el usufructuario fallezca. Pero, además, existen otras implicaciones que conviene conocer antes de celebrar una compraventa con usufructo.
En España, la contratación de un seguro de comunidad que cubra los riesgos a los que está expuesto un edificio de viviendas no es obligatoria, salvo en algunas comunidades autónomas. Esto plantea la duda de cuáles son las consecuencias para los propietarios en caso de que suceda algún siniestro y el edificio no se encuentre asegurado.
Por otro lado, conviene saber qué opciones tienen aquellos propietarios interesados en contratar el seguro frente a otros propietarios que no quieren hacerlo.
Los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985, conocidos como alquileres de renta antigua, pueden ser prorrogados indefinidamente a voluntad del inquilino, a menos que concurra alguna de las causas de denegación de la prórroga contempladas legalmente.
Este derecho del inquilino es irrenunciable, y la ley no prevé ninguna posibilidad de negociación entre las partes en virtud de la cual, el inquilino deba abandonar la vivienda a cambio de una indemnización. Sin embargo, hay algunos casos en que sí procede dicha indemnización.
Cuando fallece un inquilino de renta antigua, surgen dudas que afectan tanto al propietario, que desea saber si puede recuperar su vivienda, como a los convivientes con el inquilino, que no saben si podrán continuar en la vivienda arrendada en las mismas condiciones que venía disfrutando el inquilino original.
Como respuesta, la ley permite que, al fallecimiento del inquilino de renta antigua, otros familiares convivientes con el inquilino puedan ocupar su lugar en el contrato de arrendamiento mediante la subrogación.
El sector de la construcción es de una importancia primordial en nuestra economía, y, como tal, merece una regulación separada donde se establezcan, entre otras cosas, las obligaciones de todas las personas que intervienen en el proceso de edificación, además de las garantías con las que cuentan los adquirentes del edificio terminado ante los problemas que puedan surgir.
A esa necesidad responde la Ley de Ordenación de la Edificación, que dedica un capítulo completo a los agentes de la edificación.
