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El sector de la construcción es de una importancia primordial en nuestra economía, y, como tal, merece una regulación separada donde se establezcan, entre otras cosas, las obligaciones de todas las personas que intervienen en el proceso de edificación, además de las garantías con las que cuentan los adquirentes del edificio terminado ante los problemas que puedan surgir.

A esa necesidad responde la Ley de Ordenación de la Edificación, que dedica un capítulo completo a los agentes de la edificación.

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La naturaleza de la sociedad patrimonial suscita ciertas dudas, ya que no se trata exactamente de un concepto mercantil, sino fiscal, que sólo tiene repercusiones a efectos de la aplicación del impuesto de sociedades.

Además, su regulación ha sufrido importantes cambios desde el año 2002, en que hicieron su aparición, por lo que la información disponible es bastante confusa.

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Las acciones interdictales, antes previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para iniciar procesos específicos y sumarios de carácter cautelar, han desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico, y hoy día se sustancian por los trámites del juicio verbal.

El interdicto de obra ruinosa tenía como finalidad actuar de forma inmediata ante el riesgo de caída de una edificación, un árbol o cualquier otro elemento análogo.

Vamos a ver cómo se articula actualmente esta pretensión.

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Nuestro ordenamiento jurídico permite que un acreedor hipotecario ceda a otra persona el derecho de crédito que ostenta contra el deudor.

Para ello, cedente y cesionario deberán celebrar un contrato de cesión de crédito hipotecario, que está sujeto a unos especiales requisitos de forma.

Vamos a ver en qué consiste este negocio jurídico y qué condiciones debe cumplir.

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En el transcurso del tiempo de construcción de una obra, e incluso durante un tiempo posterior a su construcción, pueden producirse daños de muy distinta naturaleza, por los que se podrá reclamar ante los responsables, ejercitando las acciones correspondientes al tipo de daño producido.

La Ley de Ordenación de la Edificación contempla la responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de construcción, si bien no es el único modo de reclamar por ejemplo frente al promotor, quien deberá responder en su caso sobre la base del contrato suscrito con él. Veamos qué incluye y qué no la legislación específica.

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Con el contrato de alquiler de temporada se persigue un fin distinto al de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del inquilino, pero también tiene como objeto un inmueble destinado al uso de vivienda, como ocurre con el alquiler de vivienda habitual.

La línea que separa ambas figuras es fina, pero la regulación es mucho más proteccionista con el inquilino en el caso del alquiler de vivienda habitual, por lo que conviene tener claras las diferencias y saber cuándo debemos celebrar un contrato con una u otra finalidad.

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Cuando una persona necesita alquilar un piso para estudiar durante el curso académico, o un apartamento para las vacaciones, o una vivienda solo para un par de meses por trabajo puntual en otra ciudad, necesita un tipo de arrendamiento que no se ajusta a los parámetros del arrendamiento de vivienda. 

En esos supuestos, estamos hablando de arrendamientos de temporada, que se rigen por unas normas distintas a los arrendamientos de vivienda.

En este artículo vamos a ver en qué consiste este tipo de arrendamiento y cómo funciona.

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