Ante la variedad admitida a la hora de celebrar un contrato de arras previo a un contrato de compraventa de vivienda, es normal que exista confusión entre los distintos tipos existentes, sobre todo cuando el Código Civil no las menciona expresamente y hay que acudir a la doctrina y a la jurisprudencia para definirlas.
A continuación, vamos a ver cuáles son las diferentes consecuencias que se derivan de pactar unas arras penitenciales o unas arras penales.
Cuando se adquiere una vivienda de segunda mano, y tras la adquisición se observan vicios o defectos que permanecían ocultos en el momento de la venta, el comprador tiene derecho a desistir del contrato, pero también puede exigir una rebaja en el precio pactado, ejercitando la acción estimatoria o quanti minoris.
Cuando alguien compra una vivienda de segunda mano, puede encontrarse con que aparezcan vicios o defectos que no se detectaron en el momento de la compra y que impiden un uso adecuado del inmueble, o lo reducen de tal manera que, de haberlo sabido, el comprador no lo habría adquirido, o no al precio al que lo hizo.
En ese caso, la ley permite al comprador pedir una reducción del precio o directamente resolver el contrato ejercitando la acción redhibitoria.
La plusvalía municipal es el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Se trata de un impuesto directo que, con carácter general, va dirigido a la parte vendedora o transmisora.
Además, es real y objetivo, ya que para su aplicación no se tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo, sino el mero hecho de que ha transmitido un terreno de naturaleza urbana.
El IIVTNU es un impuesto municipal, por lo que la plusvalía en cada localidad tiene sus propias características.
Cuando una acción de desahucio tiene éxito, el siguiente paso para ejecutar el desalojo es el llamado lanzamiento.
Cuando un inquilino se retrasa en el pago de la renta, el propietario está legitimado para instar el desahucio y reclamar el pago de la renta atrasada por vía judicial. El paso previo para hacerlo es interponer una demanda de desahucio, y existen para ello varias opciones.
En este artículo vamos a ver cuál es el momento de interponer una demanda de desahucio y qué formalidades hay que cumplir.
En el año 2015 se reformó el proceso de desahucio para que se pudiera realizar de forma más rápida, y en el año 2018 se aprobó que dicho proceso fuera aplicable también a los casos de ocupación, que hasta ese momento se tenían que resolver mediante el desahucio por precario.
Para más información, ofrecemos la siguiente guía sobre el desahucio express de okupas.
A la hora de intentar desalojar a un inquilino de una vivienda alquilada, bien por falta de pago, bien por haber expirado el plazo del arrendamiento, o incluso por algún otro incumplimiento de las condiciones del contrato que haya facultado al arrendador para resolver el contrato, lo primero que hay que hacer, además de interponer la demanda correspondiente, es notificarle la existencia de esa demanda.
En el contexto de un contrato de alquiler de una vivienda, una de las mayores preocupaciones de los arrendadores consiste en la posibilidad de que el arrendatario deje de afrontar los pagos establecidos y permanezca en la vivienda.
En este sentido, el artículo 27.2 a) de la Ley de Arrendamientos Urbanos contempla la posibilidad de que el propietario resuelva el contrato de alquiler como consecuencia de la falta de pago de la renta o cualquier otra cantidad cuyo pago corresponda al arrendatario.
El juicio de desahucio por falta de pago es el instrumento con el que cuenta el propietario de una vivienda para recuperar el inmueble, cuando el inquilino no ha cumplido con las obligaciones de pago adquiridas contractualmente.
La legislación española permite que el arrendador o propietario de un inmueble pueda reclamar las rentas impagadas y desahuciar al inquilino, todo en un mismo procedimiento. Además, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) da la posibilidad de acumular en una misma demanda la solicitud de declarar la existencia de ambos derechos y la pretensión de ejecutar la sentencia, cuando ésta le dé la razón al propietario.
Sin embargo, en algunas circunstancias puede ocurrir que se consiga el desahucio y posterior desalojo del inmueble, pero quede pendiente el pago de las rentas debidas. En ese caso, ¿qué se puede hacer? La respuesta dependerá de los pasos que se hayan completado en el procedimiento.
A continuación vamos a analizar los supuestos en los que es posible que esto suceda, y las soluciones a las que puede recurrir el propietario del inmueble.
