Si un deudor hipotecario no puede hacer frente a la deuda contraída, el acreedor puede llevar a cabo una ejecución hipotecaria para cobrar su deuda. Mediante este procedimiento, el inmueble adquirido cambia de manos, y el importe del remate de la subasta permite la cancelación de la carga hipotecaria.
En este post vamos a analizar en qué consiste la cesión de remate en un procedimiento de ejecución por subasta de bienes inmuebles.
Los contratos de alquiler celebrados al amparo de la antigua ley de arrendamientos urbanos, y conocidos como alquileres de renta antigua, pueden ver prorrogada su duración indefinidamente a voluntad del inquilino, a menos que concurra alguna de las causas de denegación de la prórroga legal establecidas por la ley.
También están tasadas las causas que autorizan al arrendador a resolver el contrato de alquiler y que, por tanto, le permiten recuperar la vivienda.
A continuación, vamos a ver cuáles son todos los motivos que pueden autorizar a un propietario o arrendador a echar al arrendatario de la vivienda alquilada.
Una vez que finaliza la duración del contrato de alquiler, así como sus prórrogas legales o las pactadas, si el arrendatario permanece 15 días disfrutando de la cosa arrendada y el arrendador no le requiere para que le devuelva la vivienda o el local alquilado, se produce la tácita reconducción del contrato de alquiler.
Las cooperativas de viviendas constituyen un tipo de entidad que surge de la necesidad de conseguir una vivienda adecuada a un buen precio. Explicamos en qué consisten las cooperativas de viviendas y todo lo que hay que saber sobre su funcionamiento.
Actualmente, aún siguen vigentes algunos contratos de alquiler que se celebraron al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 y antes del 9 de mayo de 1985, y a los que resulta de aplicación un régimen distinto al actual.
Estos contratos son conocidos por perdurar en el tiempo manteniendo casi inalterables las condiciones acordadas cuando se celebraron, entre ellas la renta. Sin embargo, la propia ley prevé que el importe de la renta se pueda ir actualizando cada año.
Cuando se produce la venta de un piso o local sujeto a un régimen de propiedad horizontal, existen obligaciones frente a la comunidad de propietarios cuya responsabilidad a veces plantea dudas, como es el caso del pago de las cuotas pendientes y otros gastos.
En este artículo vamos a aclarar quién es responsable del pago de los gastos frente a la comunidad, cómo se hace el reparto entre vendedor y comprador y qué aspectos conviene tener en cuenta al afrontar la compraventa.
Aunque la Ley de propiedad horizontal establece un marco legal básico para las comunidades de propietarios, existen numerosos aspectos prácticos que la ley no regula en detalle y que conviene recoger en los estatutos para adaptar el régimen jurídico a las características concretas del edificio o conjunto residencial.
A continuación, resolvemos las dudas acerca de la obligación de redactar unos estatutos para la comunidad de propietarios.
Las comunidades de propietarios cuentan con un margen de autorregulación para adaptar la convivencia y la gestión del inmueble a sus necesidades específicas, siempre dentro de los límites establecidos por la Ley sobre propiedad horizontal.
Como vamos a ver a continuación, los estatutos son el instrumento típico para ordenar esa autorregulación y aportar seguridad jurídica a propietarios y terceros.
Los motivos por los que un propietario puede impugnar un acuerdo aprobado por la comunidad de propietarios están tasados en la Ley de propiedad horizontal, que, no obstante, recoge una lista donde se limita a enunciar los tipos de acuerdos impugnables, sin entrar en detalles.
En este artículo vamos a ver qué causas contempla la ley y qué supuestos concretos pueden justificar la impugnación de un acuerdo de la junta.
Las actas de la comunidad reflejan los acuerdos alcanzados por la junta de propietarios, y pueden ser impugnadas cuando no se ha observado lo establecido en la ley o los estatutos, o bien cuando se lesionan gravemente los intereses de la comunidad o de alguno de los propietarios.
No obstante, no todos los propietarios están legitimados para impugnar un acuerdo de la junta, sino solo los que reúnan las condiciones requeridas por la Ley de propiedad horizontal.
